Desde hace dos décadas la ruta provincial 65 pasó a ser un importante corredor productivo, por donde circulan diariamente miles de camiones que recorren la diagonal del Litoral argentino-brasileño hasta la Patagonia argentino-chilena. La culminación de la pavimentación del tramo de la ruta nacional 205, entre Saladillo y Bolívar, hizo que la ruta 65 dejara de ser la típica ruta regional que muchos conocían. Sin embargo, su mantenimiento no estuvo a la altura de las circunstancias y necesidades lógicas. La ruta se fue deteriorando demasiado y siempre hubo una respuesta oficial para excusarse o postergar la reparación del corredor. Primero las inundaciones que se prolongaron hasta hace 10 años. Después la crisis que azotó al país hasta hace 6 años. Luego vinieron años donde la producción agraria y la recaudación fiscal celebraron récord que fortalecieron las arcas del Estado, pero aun así, casi nada se hizo.
Como consecuencia de este abandono, la ruta fue interponiendo a los vehículos ondulaciones, pozos, banquinas descalzadas, zonas sin señales y otros obstáculos, que en días de intensa lluvia o poca visibilidad potenciaron los riesgos de accidentes.
Tras esta inacción de la Dirección de Vialidad de la provincia de Buenos Aires, los gobernantes locales del corredor de la ruta 65, incluso hasta los representantes de instituciones intermedias y últimamente vecinos autoconvocados, solicitaron soluciones inmediatas al Ministerio de Infraestructura. No obstante, cada pedido o reclamo tuvieron respuestas optimistas sobre un sinfín de proyectos, gestiones y análisis que siempre terminaron en simples o provisorias acciones, o como se dice en la jerga popular, “patear para adelante” y que otro presupuesto o gestión provincial se arregle.
Paradójicamente, mientras el número de transportes pesados del tramo Bolivar – Guaminí, que es el más transitado, aumentaba reportando grandes ingresos y beneficios a los Estados Nacional y Provincial, el número de accidentes ascendía al igual que la fatalidad de personas. En 2009 se alcanzó el promedio de 134 accidentes y 21 muertes, datos espeluznantes, entendiéndose que el principal factor había sido el estado de la cinta asfáltica, y a la vez ignorados en la práctica por los funcionarios provinciales, que en pleno conflicto con las entidades del campo eludieron en su agenda la visita a ciudades de la zona de afluencia. Y cuando lo hicieron, como sucedió con el propio Gobernador Daniel Scioli, en su reciente visita a la ciudad de Daireaux, expresaron desconocer en profundidad el tema.
Y un mes atrás, cuando el Gobernador visitó la ciudad de San Carlos de Bolivar y volvió a ser interrogado sobre el tema, respondió que nada más se iban a licitar para 2011 la repavimentación de 10 kilómetros de la ruta, entre la rotonda de la ruta 205 hasta la rotonda de la ruta 226, por un monto de unos 14 millones de pesos. Poco o casi nada, si se compara que esa cifra equivale a lo que en menos de 3 meses el Estado recauda en impuestos de los campos que tienen afluencia en el corredor. Es decir, que recién para dentro de dos años se iba a ver terminado ese acotado tramo, de un total que ronda los 150 kilómetros, y que bien podría ser de 240 si se contempla hasta 9 de Julio desde Bolivar, ya que en esa zona también hay ondulaciones por doquier.
“Malestar” queda ya a esta altura como un calificativo del pasado. No es la primera vez que se repite esta historia. En el 2006, unas maratónicas y amansadoras reuniones entre funcionarios ministeriales, intendentes y técnicos quedaron en la nada. El otrora Ministro Eduardo Sicaro había prometido que a través de un crédito del Banco Mundial se iba a repavimentar la ruta, que para entonces contaba con un promedio diario cercano a los 5.000 vehículos, de los cuales más del 50% eran transportes pesados. Solamente ese año, en diciembre se pintó la línea demarcatoria de las manos de circulación, se nivelaron algunas banquinas y se colocaron varios carteles pidiendo que se marche a 80 kilómetros por hora.
Un año más tarde, cuando el récord de producción corroboraba la fortaleza económica de las arcas del Estado, legisladores de la zona, como Juan Carlos Morán y Carlos Viñuela ingresaron proyectos solicitando pedidos de informe, y sobre todo, reclamando a la Provincia que arreglara el pavimento porque estaban en riesgo constante varias personas. No así, la Provincia orientaba el rumbo en obras hacia el Conurbano y la Costa Atlántica, intensificando ese rumbo en el 2008, lo cual volvió a reanudar la bronca. Sonaba a ridículo o incomprensible por entonces que mientras intendentes se juntaban para volver a pedir por el arreglo de la ruta, desde la gobernación se gastaban 20 millones en ampliar la capacidad del Estadio olímpico de Mar del Plata para que se juegue la Copa Davis, que bien podría haberse realizado en Córdoba capital, donde se daban las condiciones deportivas para ese fin de semana.
DE LAS REITERADAS GESTIONES A LAS MANIFESTACIONES DE AUTOCONVOCADOS
Indignados por tantos anuncios y por llegar a situaciones extremas, las autoridades de los municipios implicados han viajado a la propia Gobernación en los últimos meses. La comitiva de Bolívar, entre la que participaron en abril los diputados Juan Carlos Simón y José Bucca; el intendente, Gabriel Erreca; y representantes de la Cámara de Comercio, volvieron a tener respuestas de plazos hoy incumplidos. Estos fueron esgrimidos en la reunión mensual del Consorcio Intermunicipal de Desarrollo del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires (CODENOBA) que por primera vez se hizo en Bolívar en septiembre último.
En aquella ocasión, el Intendente de Hipólito Yrigoyen Enrique Tkacik, un histórico representante del CODENOBA, reiteró la ocupación que merecía el tema de la Ruta 65 en la agenda regional. A este medio gráfico, en su recorrida por la Sociedad Rural expresó que además de Bolivar y otras localidades que tienen sus accesos a la ruta, se deben agregar aquellas que tienen salida al corredor, como por ejemplo Henderson, que en las últimas dos décadas utilizan intensivamente esa vía.
Por esos días, conocido el anuncio de Scioli, acerca de que serían solamente 10 kilómetros de repavimentación a la altura de Bolivar, el Honorable Concejo Deliberante de Daireaux decidió reiterar el reclamo, enviando notas de adhesión a todos los cuerpos deliberativos de la región.
También el Intendente de Daireaux, Esteban Hernando reanudó el tema la semana última. Habló de manera directa con el Gobernador Daniel Scioli y éste, percibiendo el clima y la urgencia, propuso la posibilidad de crear un consorcio, para que los municipios de la zona administren el mantenimiento del corredor, previo envío de fondos provinciales.
Un mes antes, se suma otro pedido desde Guaminí. Allí, los transportistas habían pedido a las autoridades locales que volvieran a insistir con el arreglo de la ruta, ya que muchos chóferes resultaron heridos en accidentes recientes, cuya causa tenía raíz en el deplorable estado de la ruta.
Sin embargo, la falta de respuestas o la escasa relación de los anuncios con los trabajos en la ruta, llevó a que los propios vecinos salieran a las rutas. Existía los antecedentes de la ruta nacional 226, en el tramo Bolivar – General Villegas, donde el Diputado Gustavo Zuccari junto a lugareños de cada localidad juntaron firmas, debido a que las vías de circulación estaban en total estado de abandono, con grandes pozos, y más de 100 accidentes.
La primera movilización sobre la ruta 65 se hizo en el mes de febrero de este mismo año, donde la iniciativa cobró dimensiones nacionales. Esta concentración, ideada por el vecino Jorge Lapena, de nuestra ciudad, tuvo como propósito la difusión, denuncia y concientización sobre el lamentable estado de la ruta y la ausencia de tareas de mantenimiento en el acceso a esta localidad. Además de este reclamo, la movilización llevó otros dos reclamos complementarios: el “pedido de renuncia del Jefe de la Zona Vial VIII Agrimensor Ramón Carrizo”; y por otro lado, “pedido de mayor presencia de efectivos policiales en el control vial”. Este último punto rozó el límite de la tolerancia en muchas localidades, entre ellas Pehuajó, Trenque Lauquen, Rivadavia y Tres Lomas, donde había más policías afectados al “Operativo Sol” y al cuidado de presos de “alta peligrosidad” del Conurbano Bonaerense que residen en forma permanente en las comisarías de la zona.
En aquella semana de febrero, el concejal Oscar Ibañez –oriundo de Pirovano, otra de las localidades que presentó quejas por la ruta- llevó un pedido al municipio de Bolivar, el que logró el consenso del Intendente, al igual que una similar iniciativa en la región: “solicitar la emergencia vial”. Esta solicitud junto con la movilización incidió en acciones de Vialidad Provincial, aunque provisorias. Se repavimentaron algunos sectores a la altura de Ibarra, se colocaron carteles en la ruta de acceso a Transener y se taparon pozos, pero como “medida provisoria”, según se leía en el Boletín de Vialidad.
Otro tema que se coló al reclamo por el arreglo de la ruta 65 fue la pavimentación del acceso a Henderson, que desde hace 30 años duerme como un viejo proyecto, y que en reiteradas campañas electorales nace como propaganda política. Así fue como primero los productores rurales y lugareños del lugar y después el Honorable Concejo Deliberante de Hipólito Yrigoyen, hicieron que Vialidad Provincial respondiera. Se había anunciado fervientemente en la campaña, por parte del Frente para la Victoria, pero pasado un año, nada se había concretado, hasta que el Intendente Tkacik se entrevistó meses recientes con el propio Director Vial Ingeniero Arcangel Curto, quien le confió lo mismo que había gestionado y anunciado Jorge Cortés (referente del Partido Justicialista en el distrito). No obstante, sólo se habló de “asignación de recursos”, temiéndose desde otros sectores políticos, que por desactualización de los montos, la licitación u obra se frustre, tal como sucedió en la edificación de una escuela Media en Henderson, donde la empresa constructora desertó porque la inflación le licuó la ganancia. Estos temores también subyacen cada vez que se estiran los plazos de los anuncios de licitación.
Así llega el historial de antecedentes que resumieron la convocatoria de 250 vecinos en el Centro Educativo Complementario Nro. 803 de Urdampilleta, jornada ésta en la que también estuvieron presentes el intendente, Gabriel Erreca; el delegado municipal, Andrés Elizondo; el concejal Gustavo García, de la Coalición Cívica, entre otros. Allí, Lorena, una vecina del lugar logró consensuar una medida pacífica de protesta en la ruta 65, la cual previamente fue difundida por las redes sociales de internet y los diferentes medios de comunicación de la región.
La anunciada visita de Scioli a Henderson el próximo viernes 29 también promete una convocatoria para entregar un petitorio referido al tema, aunque esto está supeditado a la trascendencia y consecuencia de la movilización que hoy se hará en Urdampilleta.
También se están haciendo visitas a representantes y referentes políticos del partido afín al Gobernador, pero a la luz de las acciones, no se han observado respuestas.