EN UNA SEGUNDA AUDIENCIA EN DIPUTADOS DE LA NACION

Con presencia de referentes locales, se definirá la viabilidad de la ley PROMITT y se debatirá sobre los proyectos de peajes

Una segunda reunión se llevará a cabo el día jueves próximo a las 11 horas, en la Sala 1 del Anexo “A” de esta Honorable Cámara de Diputados de la Nación, donde se informara la nueva presentación del proyecto de Ley PROMITT (Programa de Modernización de la Infraestructura del Transporte Terrestre). Esta instancia es consecutiva a la efectuada el día 15 de marzo de 2013 bajo Expte N° 925 D 13, en la cual las delegaciones de vecinos autoconvocados de zonas viales hicieron extensivas las necesidades prioritarias y el cuadro de situación de varias áreas del interior del país, explicó Jorge Lapena, quien es el referente local en aquella organización civil.

El diputado nacional Dr. Alberto Asseff fue quien, en representación de la comisión legislativa que trabaja en esa área, brindó la invitación de la que participarán, entre otros grupos los vecinos autoconvocados de la Ruta 65, nucleados en la Unión de Usuarios Viales (UDUV).

En este acto, según resumió Jorge Lapena, podrán firmar su adhesión al proyecto los Diputados presentes, estando la UDUV formando parte de una red más amplia a nivel nación, a través del Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV). En representación de la zona de afluencia vial a Ruta 65, estará asistiendo el Concejal y referente de Guaminí, Ignacio Zavaleta, quien en declaraciones a la prensa resaltó que “nos moviliza un mismo espíritu, en defensa de los derechos de los Ciudadanos, siendo varios los temas de agenda, entre ellos la mejora íntegra de rutas, pero también la conclusión de obras y el inicio de otras necesarias, pero sin ejecutar; y otras que desde la esfera gubernamental se proseguir a expensas de nuevos peajes y aumentos de tarifas en aquellas cabinas preexistentes.”

En relación a Ruta 86, que ha sido un tema de suma injerencia para la zona de Henderson, Daireaux y Pehuajó, Jorge Lapena indicó que “se entregó en febrero un petitorio de firmas e informe técnico de factibilidad, dándose lugar a una derogación de la propuesta que tenía en mente el Gobierno Bonaerense. De  seis rutas provincias, se logró que dos no sean incluidas en el proyecto de peajes, siendo la ruta 86 una de ellas; aunque al Ministro Alejandro Arlía se le solicitó que esta buena salida no conlleve a no mantener equivalentemente la ruta. Así, hace 10 días la Zona Vial VIII trajo material para rellenar pozos y cementar en el tramo Pehuajó – Daireaux, donde se había reclamado urgente mantenimiento.”

Por otra parte, se volverá a hacer hincapié en el cumplimiento de los presupuestos viales y el inicio de obras viales que en ciertas zonas del interior no fueron más que anuncios electorales, y otras que la fase de su ejecución es demás excesiva en cuanto a su lentitud.

Respecto al resto de los proyectos de peajes y a los catalogados “tarifazos”, Zavaleta hizo extensivo el comunicado conjunto de los grupos autoconvocados:

Para no ser menos que los  Gobiernos de la Provincia de Buenos Aires y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Gobierno Nacional autorizó a partir del 02-05-2013 un nuevo aumento de tarifas de peaje en los Accesos a la Capital Federal, que como en anteriores oportunidades, es claramente ilegal, abusivo, inapropiado, y carente de todo fundamento técnico-económico.

El CONADUV expresa su enérgico rechazo a este nuevo aumento de peaje, y lamenta como en otras oportunidades, la actitud antidemocrática, autoritaria e irresponsable del Gobierno Nacional que ni siquiera convocó a una audiencia pública donde los usuarios viales pudieran expresar sus reclamos y alternativas paras evitar este nuevo tarifazo.

El sistema de peaje directo con cabinas de cobro en ruta implementado en nuestro País, actúa como un “falso peaje” o “impuesto al tránsito”, motivo por el cual no hay contraprestación alguna a favor de los usuarios viales. Con este régimen perverso, solo se logra incrementar los costos de transporte perjudicando a toda la sociedad en su conjunto, y beneficiando solo a los concesionarios viales que siguen aumentando sus ganancias sin  hacer ningún tipo de inversión.

Ricardo Lasca, del Centro Argentino de Ingenieros Agrónomos (CADIA) y Coordinador del Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV) manifestó: “Los usuarios viales estamos hartos de pagar a cuenta obras futuras. El peaje no es un pago a cuenta ni un crédito ni un subsidio al concesionario, es el pago de una contraprestación real ofrecida. El peaje está concebido cuando primero se hacen las obras y luego se las cobran a los que usan el camino.  Toda la política del Gobierno Nacional en materia de infraestructura vial, tiene como objetivo generar mayores beneficios a las empresas concesionarias amigas del poder y del nefasto Club de peaje”, concluyó.

Cabe señalar, que varios aumentos autorizados por el Gobierno Nacional tuvieron como objetivo remodelar y ampliar la Avenida General Paz, obras que nunca se hicieron y que en definitiva fueron incrementos encubiertos para favorecer los intereses de los concesionarios viales.

El CONADUV repudia la actitud de indiferencia por parte del Organismo de Control de Concesiones Viales (OCCOVI) y de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), ya que solo se ocupan de defender los intereses de los concesionarios viales, dejando de lado la defensa de los derechos de los usuarios viales.

El Gobierno Nacional recauda más de $ 25.000 millones anuales en concepto de Impuesto a los Combustibles y otros,  que son aportados con mucho esfuerzo por todos  los usuarios cuando cargan combustibles. Dichos fondos, en lugar de ser malversados y despilfarrados por el Estado, debería ser reasignados en forma efectiva, aunque sea en parte, para realizar las obras de infraestructura necesarias en nuestra red vial, evitando así seguir aumentando las tarifas de peaje que actúan directamente en incrementos en los costos de transporte.