25-05-2012 16:41 | 

• Desde ese espacio político hicieron llegar a Hendersonline la información que transcribimos. La misma se refiere a la validación del bloque de Unión Pro respecto de la propuesta de designar con la denominación Grito de Alcorta al acceso que une nuestro pueblo con la ruta 65. También incluye un apartado relacionado con la reforma tributaria que propone el gobernador Scioli

RESPECTO A LA PROPUESTA DE DESIGNAR “GRITO DE ALCORTA” AL ACCESO A RUTA 65

Unión Pro defiende la postura de Federación Agraria, Mujeres Federadas, Cooperativa agropecuaria y Juventud Agraria local

En referencia al proyecto de designar con el nombre “Grito de Alcorta” al Acceso a Ruta Provincial 65, el bloque Uniòn Pro, valida la iniciativa conjunta de la Filial Henderson de Federación Agraria Argentina, Asociación de Mujeres Federadas, Juventud Agraria local y Cooperativa Agropecuaria “El Progreso”.

En representación del bloque Unión Pro, en la última Sesión Ordinaria desarrollada en el Honorable Concejo Deliberante, la edil Liliana Muñoz fundamentó que así como en el pasado se designaron distintos nombres a los accesos a la ciudad de Henderson –por ejemplo, el Acceso Presidente J.D. Perón a Ruta 86, también de jurisdicción provincial-, en esta ocasión, era propicio designar “Grito de Alcorta”, a 100 años de aquella gesta histórica a favor de los pequeños y medianos productores rurales. Y justamente, “sobre ese acceso se asentó hace más de medio siglo la colonia El Moro, compuesta por decenas de familias colonas, cuyo trabajo incidió en el progreso de Henderson, previo a su autonomía”, destacó la Concejal.

También se reseñó, contemplando la difícil situación que atraviesan los productores de escalas más pequeñas, que en el Distrito, el 91 % de los propietarios rurales son pequeños y medianos, y casi su totalidad reside en la ciudad de Henderson. Sobre todo, se exaltó que el conjunto de medidas universales, siempre aplicadas desde la órbita gubernamental nacional y provincial, pocas veces tiene en cuenta la relatividad geográfica, la aptitud dispar de los suelos, la distancia a los puertos, las condiciones agroclimatológicas –por ejemplo, ahora, que se sale de una sequía y abruptamente se ingresa a un escenario de inundaciones- y la segmentación de las explotaciones agropecuarias. La Resolución 125 fue por ejemplo, uno de los errores de enfoque y planificación que la historia reciente recuerda, ya que zonas como Henderson, alejadas de los puertos, con menos rendimiento agrícola que la Zona Núcleo y compuesta por mayoría de pequeños chacareros iban a terminan abonando cifras que determinaban ventas o arrendamientos en masa, con la consecuente concentración de la riqueza rural, o sea todo lo que se enunciaba como finalidad política.

En la reforma propuesta por el Gobernador, Unión Pro está de acuerdo con incrementos razonables, concordantes con la inflación y el costo de vida del período analizado, pero de ninguna manera coincide con el criterio regresivo de atar el cobro del Inmobiliario Rural al valor de las propiedades, porque ello implicaría que cualquier pequeño y mediano productor pague por lo que vale su campo y no por lo que gana a producir. En consecuencia, se está de acuerdo con que alguien que vende o compre tenga que pagar esa proporción elevada, fijada previamente, ya que incentivaría a valorar a quien produce y trabaja, más que a quien hace operaciones inmobiliarias, tradicionalmente exento. De hecho, un productor de 50 hectáreas por ejemplo, prorrateado 12 meses y con una cosecha de soja año por medio, intercalando con el uso ganadero extensivo, tiene una ganancia neta de $ 8.700 mensuales, cálculo adecuado a la unidad familiar. De incrementarse el impuesto según valor del inmueble, se paga por esa propiedad, en zona de revaluó 2, un total de $ 45.000 anuales. Es decir, más de 500 %, bajando considerablemente el sustento de vida.

Así por ejemplo, desde Unión Pro se cree que se fomenta la venta o tercerización, ya que con el valor de ese campo, se puede comprar entre 4 y 5 inmuebles urbanos en alguna gran ciudad, y con su alquiler, lograr ingresos netos superiores a los $ 12.000, sin trabajar. Este cuadro de situaciones, indudablemente desfavorece la distribución de la geografía rural y excluye la proporción de empleo y emprendimiento rural, contrario a lo que se fomenta desde diversos discursos políticos. En síntesis, se atenta contra el arraigo y la distribución de la renta agraria.