La iniciativa del diputado Sergio Vargas (bloque Unión y Libertad) no pasó por comisión y fue tratada sobre tablas en la Cámara Baja bonaerense en la sesión del martes 20 de octubre. Recibió el beneplácito de todos los bloques.

El proyecto aprobado por unanimidad autoriza a los intendentes, para mitigar los efectos del fenómeno climático “El niño”, a utilizar durante tres meses con destino a obras hídricas los fondos derivados del impuesto Inmobiliario Rural coparticipados o transferidos para el mantenimiento de la red vial rural, dragado y adquisición de equipamiento.

En la actual legislación, lo recaudado por el pago del mencionado gravamen se distribuye de la siguiente manera: 65 % al Ejecutivo provincial, 12 % al Fondo Compensador de Mantenimiento y Obras Viales, 3 % al Fondo de Fortalecimiento de Programas Sociales y Saneamiento Ambiental y  20 % a los municipios en concepto de retribución por la administración del tributo.

 

SRA y CARBAP salieron al cruce

Tras la aprobación en Diputados de la iniciativa que ya había tenido media sanción en el Senado, entidades agrarias se pronunciaron en contra de lo resuelto en la Legislatura bonaerense.

En un comunicado difundido en redes sociales, la Sociedad Rural Argentina (SRA) señaló: “Entendemos la necesidad de avanzar con obras que den respuesta a los problemas hídricos, pero no se puede resolver una emergencia comprometiendo otra infraestructura esencial para la producción y las comunidades rurales”.

En tal sentido la entidad presidida por Nicolás Pino recordó que los caminos rurales son fundamentales para sacar la producción, garantizar el acceso a las escuelas y los servicios de salud, y sostener la vida en el interior.

Agregó que “desviar sus recursos, sin garantías concretas de reposición, pone en riesgo el mantenimiento y la transitabilidad de una red indispensable”.

Por su parte, la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP), cuyo titular es Pablo Ginestet, emitió el siguiente comunicado:

Desde CARBAP rechazamos la modificación de la Ley 13.010 que habilita desviar recursos equivalentes al 12,5% de la recaudación del Impuesto Inmobiliario Rural, destinados por ley al mantenimiento de los caminos rurales, para financiar obras hidráulicas.

Resulta inadmisible quitarles recursos a caminos rurales que hoy están en condiciones desastrosas y necesitan más inversión, no menos.

La decisión de habilitar el tratamiento sobre tablas, sin el debate previo en comisiones, fue posible gracias a la mayoría de dos tercios reunida en la Legislatura bonaerense, lo que compromete la responsabilidad de todas las fuerzas políticas que la hicieron posible.

Los municipios ya recaudan importantes sumas a través de la tasa vial y, aun así, los caminos siguen deteriorándose. Antes de avanzar sobre los recursos destinados específicamente a su mantenimiento, corresponde exigir que los fondos existentes se administren correctamente y se utilicen para el fin previsto.

Si las obras hidráulicas necesitan más recursos, deben buscarse otras fuentes de financiamiento. No se puede resolver una necesidad desfinanciando otra infraestructura esencial.

Además, la aparición del fenómeno de El Niño se conoce hace mas de seis meses. Las obras de prevención hay que realizarlas antes de que ocurran las catástrofes, y no mientras ocurren.

Durante casi todo el año, la Legislatura bonaerense permaneció casi sin sesionar y ahora, en apenas 15 días, diputados y senadores de todas las fuerzas políticas avanzan para quitar recursos destinados a caminos rurales que están en estado crítico.

La urgencia legislativa debería estar puesta en resolver los problemas de la provincia, no en desfinanciar una infraestructura esencial para producir y vivir en el interior.