Este 24 de marzo nos encuentra ante un espejo doloroso. Se cumplen 50 años de aquel golpe que inauguró el período más deshumanizante de la Argentina y, aunque medio siglo parezca una distancia propia de los libros de historia, quienes caminamos esos días tan oscuros sentimos que ese pasado está más vivo que nunca.

Hagamos el ejercicio de recordar lo ocurrido para comprender su vigencia, porque la historia no permanece quieta: se proyecta sobre el presente. Cuando ciertos discursos, prácticas y decisiones reaparecen, la memoria se convierte en una herramienta imprescindible de interpretación y de acción.

Desde el Capítulo Argentina del Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana (COPAJU), quienes hemos transitado el camino del derecho y hoy seguimos trabajando desde espacios comprometidos con la defensa de los más vulnerables observamos con alarma cómo se intenta reflotar un guion conocido. Es fundamental entender que el terrorismo de Estado que atravesó la Argentina fue, ante todo, el instrumento para imponer un modelo económico. Su objetivo central fue reducir el rol del Estado, desarticular la industria nacional, debilitar a la clase trabajadora y consolidar un esquema de concentración de la riqueza. Aquella consigna de “achicar el Estado para agrandar la Nación” terminó siendo el velo de una realidad amarga: la pérdida de soberanía, el endeudamiento externo —fruto de la estatización de deudas privadas y la timba financiera— y la restricción sistemática de los derechos del pueblo.

Pero hoy vemos que ese modelo no terminó con la dictadura. Se reconfiguró en distintos momentos de nuestra historia reciente —en los 90, en el 2001, en el 2015— y vuelve a manifestarse hoy bajo nuevas narrativas que se venden como "lo nuevo", pero que reproducen lógicas viejas que hipotecan el futuro de nuestros pibes y pibas. Y en paralelo, asistimos a un deterioro del lazo social que no puede ser ignorado: la naturalización de la violencia, la legitimación del discurso cruel y la estigmatización de los sectores más desprotegidos. El Papa Francisco nos ha advertido sobre estas derivas al señalar que la violencia no es solo el uso de las armas, sino también la falta de compasión ante el sufrimiento ajeno; la crueldad es el camino más corto para destruir la propia humanidad.

No es posible ser indiferente frente a estas señales. Salir a la calle y ver cómo se golpea a una jubilada que reclama lo mínimo para sobrevivir, ver cómo un trabajador de prensa como Pablo Grillo lucha por su vida tras una represión injustificada o ver la violencia que crece cada vez más entre los propios ciudadanos nos obliga a reaccionar. El modelo económico de saqueo necesita, inevitablemente, de la inmovilidad de un pueblo al que quieren ver derrotado, enojado y solo.

Esa falta de empatía es la que hoy pretende naturalizar el desfinanciamiento sistemático de la salud y la educación pública, desoyendo los mandatos de nuestra Constitución Nacional que nos obliga, como Estado, a garantizar el progreso y el bienestar general. Nuestra Carta Magna es un pacto de convivencia y un límite infranqueable al ejercicio del poder; por ello, la regresividad en materia de derechos sociales —prohibida por los tratados internacionales con jerarquía constitucional— se manifiesta de forma sádica cuando, por ejemplo, el Estado omite su deber de asistencia básica, dejando incluso que se echen a perder alimentos en depósitos oficiales mientras el hambre arrasa en los barrios.

Pero a la par de este ajuste feroz, la búsqueda de la verdad sigue. El reciente hallazgo de los restos de desaparecidos en La Perla nos confirma que la memoria es un cauce indetenible, a pesar de que hoy las áreas de investigación de la actual Subsecretaría de Derechos Humanos estén desmanteladas o se pretenda poner precio a los sitios que custodian la historia.

Honrar la memoria es recuperar los ideales de justicia y bien común frente a la crueldad que busca deshumanizarnos; es elegir sostener aquellos valores como un compromiso ético con el presente, para que la solidaridad y los proyectos colectivos sigan siendo el eje de nuestra construcción social, resistiendo la intención de que nos volvamos indiferentes.

Este 24 de marzo exige reafirmar un posicionamiento claro: la defensa irrestricta del Estado de Derecho, de la Constitución Nacional y de los derechos humanos en su integralidad. No podemos permitir que la miseria sea, otra vez, un destino planificado.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sábado 21 de marzo de 2026.

Dr. César Raúl Jiménez
Coordinador
COPAJU Capítulo Argentina