En relación a las consecuencias negativas que vienen afrontando el sector agropecuario, y ya no solamente los cultivos de maíz y soja por la prolongación de la sequía en meses claves del desarrollo vegetal, Unión Pro local elaboró un informe detallando los perjuicios irreversibles en la producción, con la finalidad de que tanto el Ministerio de Asuntos Agrarios Bonaerense y la cartera de Agricultura y Ganadería nacional validen la puesta en vigencia de la “Emergencia y/o Desastre Agropecuario”, y complementariamente, la reducción de las retenciones al campo.

 De acuerdo a lo cotejado por los equipos técnicos, más tarde corroborado por el propio Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) – Regional General Villegas, la región del Noroeste Bonaerense con ámbito en la IV Sección Electoral –incluye a Hipólito Yrigoyen- ya sufre consecuencias irreversibles en las producciones de maíz y soja de primera, evaluándose en el presente la magnitud de las mismas.

No obstante, tal como lo planteó en la presentación técnica el Ingeniero Agrónomo y Concejal de Unión Pro, Carlos Borniego: “a las pérdidas económicas del maíz y soja, se suma los problemas derivados desde hace más de un año por el trigo, que por error de apreciación oficial, no se exportó y se excedió la capacidad de acopio y consumo nacional, generándose especulaciones a favor de grandes empresas y perjuicios económicos muy serios a aquellos pequeños productores que debiendo pagar cuentas malvendieron o se endeudaron por diferentes vías.”

Asimismo, a estos productores de estratos bajos, perjudicados por la descapitalización de ganado vacunos entre 2003 y 2010, la rentabilidad agrícola de esta campaña es nula y en lotes donde la sequía hizo estragos, la producción ya sentenció pérdidas, según adelantó el informe de Unión pro, diligenciado a través del Diputado Guillermo Britos, de la IV Sección Electoral.

En este marco, el equipo técnico de Unión  Pro concluyó que “si las altas retenciones (llegan hasta el 35 %, excluyendo otros impuestos y tasas, además de gastos dolarizados y en alza, aún en la presente condición deficitaria) se dio en un contexto de bonanza productiva, en esta campaña debieran reducirse y contemplarse una graduación, según zona, cultivo, distancia al puerto y escala empresaria”, opinó el Lic. Jorge Lapena, partícipe del informe regional.

Por su parte, Borniego insistió que la posición partidaria nacional de Emergencia y/o Desastre Agropecuario es que “se aplique un Decreto aprobado para este tipo de casos, sin necesidad de generar instancias se sesiones extraordinarias”, al mismo tiempo que ratificó la postura de Federación Agraria Argentina, a la cual adhirió el bloque junto con Frente Amplio Progresista, Concertación Federal, Coalición Cívica, Proyecto Sur y Unión Cívica Radical. El profesional del sector agropecuario sostuvo “la gradual reducción de retenciones y contextualización regional, debe ser compensada en concepto de presupuesto por un incremento en las retenciones a la minería extractiva, cuya ganancias sí han sido extraordinarias y en manos de empresas extranjeras, sin hablar siquiera de los efectos que ocasionan en el medio ambiente. Hay también otros privilegiados si se eximisiones, para no asfixiar tanto al interior y sus economías locales. Se pone como ejemplo las empresas mineras, pero también podemos hablar desde casinos subsidiados por el Gobierno (hasta 2011), hasta beneficios a industrias golondrinas del Conurbano Bonaerense, es decir, cuestiones que van a contramano del discurso de soberanía alimentaria, justicia social, distribución del ingreso, federalismo y palabras que muy pronunciadas en los actos de gobierno.”

La presentación del informe técnico regional, realizado el 3 del corriente mes, fue llevado por el mismo el diputado nacional Francisco de Narváez a la mesa de la Comisión de Agricultura el lunes próximo pasado, donde planteó la necesidad de reabrir la instancia de sesiones o aplicar Leyes vigentes en estos casos. Sin embargo, ante la discrepancia de legisladores de extracción Kirchnerista –adherentes a las posiciones de mantener altos impuestos a las comunas agropecuarias del interior, y de no reabrir la discusión legislativa en el tema-, el referente partidario señaló: “en lugar de descalificar, el Gobierno Nacional tiene la obligación de cumplir la Ley 26509 de Emergencia Agropecuaria, impulsada por el oficialismo y sancionada por unanimidad en septiembre de 2009. La ley establece el procedimiento para asistir, sin demoras, a las zonas de emergencia y desastre, la ayuda debe ser inmediata”.

De Narváez reiteró la prioridad de “abrir el debate sobre una baja parcial de las retenciones en las zonas más afectadas” y agregó que “el campo ha hecho un gran aporte en estos años, ahora es tiempo de asistirlo como corresponde”.

En el informe, se incluyó también un inventario de la relación producción-tributos-coparticipación/ descentralización nacional-provincial, sobre el cohorte 2007-2011, donde Hipólito Yrigoyen es uno de las 13 jurisdicciones con menos recepción, a excepción del Presupuesto Bonaerense 2012, cuyo reconocimiento fue públicamente realizado en la sesión de prórroga última, a través del Concejal Pedro Hernández.