Es un tema que se reflota y sale a la palestra cada tanto, muchas veces cuando suceden hechos que conmocionan a la opinión pública. Sin ir más lejos, en tiempo y espacio, días atrás tuvo lugar un episodio violento en la vecina localidad de Daireaux, donde un hombre fue apaleado brutalmente y los partícipes en la agresión tienen 17, 16 y 14 años, contándose entre ellos dos personas de Henderson: la de mayor y la de menor edad.

"Hay dos sistemas en el mundo. Tenés el criterio suizo, o inglés, que divide según los delitos y hace graduaciones según la edad, empieza con los 10 años; pero en principio, de todo lo que llevo leído, prefiero algo sin tanto vericueto", expresó el ministro de Justicia días atrás al hablar del tema en una entrevista con radio Rivadavia.

Agregó: "¿Por qué? Porque, al margen del delito en particular cometido, el chico muestra ya una conducta desviada, una conducta socialmente disvaliosa a partir de los 14, por ejemplo, que es la edad que me gusta. Y es la que sostienen casi los 30 proyectos que tengo sobre mi escritorio que se han presentado y no han tenido acogida legislativa. Casi todos toman 14 años como edad de imputabilidad. Sea un hurto, robo o abuso, el chico ya demuestra una personalidad que merece atención y sanción”.

El jurista explicó que procurará garantizar “la reinserción social” y el acceso a la educación de ese “menor condenado”, porque de lo contrario, el sistema penal “no sirve”.

Hay que "darle herramientas para poder reinsertarse en la sociedad. Démosle otra oportunidad. No hagamos como con el mayor de 50, que ya tiene su personalidad formada y entra en la cárcel así nomás”, añadió el letrado.

 
Como señalábamos en la introducción, cada vez que aparece en el tapete el tema de la baja en la edad de imputabilidad cosecha adhesiones y rechazos.

Algunas posiciones coincidente en reducir los años para que una persona pueda ser imputada judicialmente y condenada han argumentado en distintas ocasiones que:

• El menor alcanza a comprender la ilicitud de sus actos antes, esto implica que hay que analizar la edad límite de imputabilidad, siendo muy flexible en la posibilidad de que el defensor del menor acredite durante el proceso que no comprendió.
• La imputabilidad no es lo mismo que punibilidad. No necesariamente el menor debe ser sujeto de una pena. El sistema debe prever mecanismos para que la pena se ejecute de forma diversa de lo que sucede con los adultos.
• El sistema actual es obsoleto y no protege a las víctimas ni se otorgan garantías procesales para los adolescentes que delinquen.
• La reducción a 14 años afecta a los sectores populares de mayor vulnerabilidad social, sin contención ni acceso a educación, salud y vivienda, que sufren violencia doméstica o de género, sin acceso a bienes culturales básicos. Por eso es importante plantear una baja en la edad de imputabilidad pero teniendo en cuenta ese contexto de exclusión y pobreza de nuestra sociedad.

Algunos puntos de vista en desacuerdo con bajar la edad han expresado que:

• Viola el principio de no regresividad, que implica que no se puede retroceder en un derecho. En el caso de la edad de punibilidad fue establecida en 16 años por el gobierno peronista en 1954, reducida a 14 años durante la última dictadura cívico-militar y vuelta a establecer en 16 años a poco de retornar al sistema democrático. Volver a bajarla sería afectar los derechos adquiridos de la franja de adolescentes de 14 y 15 años.
• El Estado debe garantizar a niñas, niños y adolescentes todos sus derechos. En casos en que se les imputara la presunta comisión de un delito, lo que debe aplicarse son políticas de promoción y protección de derechos previstas en la Ley 26.061.
• La iniciativa es ineficaz como respuesta a la inseguridad, porque el porcentaje de delitos graves cometidos por menores de 18 años es ínfimo, y cae aún más en la franja de 14 a 16.
• En países donde se ha endurecido el sistema penal contra adolescentes se evidencia una profesionalización y una organización del delito.